En el año 2007 se celebró el Día nacional de la minería en Mina Pirquitas, Jujuy, de este modo el gobierno provincial anunciaba que se reanudaba la actividad minera después de la década del 90 donde fueron varias las minas que dejaron de funcionar dejando un tendal de desocupados y contaminación. Allí estuvieron presentes funcionarios, empresarios y sindicalistas festejando el inicio de una nueva etapa esta vez con la modalidad de minería a cielo abierto (prohibida en Turquía, República Checa, Nueva Gales del Sur, Australia, Alemania, Costa Rica). En aquel momento diferentes comunidades originarias se manifestaron en contra, este reclamo fue contenido mediante una mesa de negociación propiciada por dirigentes indígenas que eran también miembros de ONGs como Warmi Sayajsunko, Red Puna etc. En esta mesa el reclamo se perdió entre los salones de la Facultad Ingeniería que legitimaba con un manto “científico” la postura de las mineras.
A tres años de aquello hoy se comienzan a sentir las consecuencias del gran negocio de las compañías mineras. Las comunidades denuncian la escasez del agua para consumo humano y cultivos, la muerte de su ganado, el aumento de casos de cáncer entre niños y mujeres, invasión a su territorio para realizar cateos, prospecciones o exploraciones.
Por ello, en el mes de julio el Consejo de Comunidades Kollas de Cochinoca resuelve sostener la postura del No a la Mineria a Cielo Abierto. Como una de las medidas se formó una comisión de referentes para elaborar un proyecto de ordenanza de prohibición de la minería a cielo abierto que en noviembre fue aprobada en forma unánime por los concejales del PJ y la UCR. Ariel Machaca, intendente kirchnerista, siguiendo la política pro-minera de los gobiernos de Cristina K y Barrionuevo vetó esta ordenanza, a contramano de sus propios concejales. A raíz de esto el jueves 13 de enero las comunidades y vecinos movilizaron a la intendencia abrapampeña exigiendo la anulación de este veto.
Diferentes organizaciones entre ellas la Agrupación Docentes
Apoyamos la autodeterminación de los pueblos y naciones originarias sobre sus territorios y por lo tanto las decisiones que tomen sobre ellos. También denunciamos a las empresas mineras que buscan aumentar sus ganancias tanto con la explotación irracional y contaminante de los recursos naturales, como la de los de los obreros que soportan extenuantes jornadas de trabajo a cambio de salarios miserables como denunciaron hace un año los mineros del Aguilar. Denunciamos al gobierno cómplice de Barrionuevo que promueve y legitima junto al gobierno de Cristina esta explotación entregando ilimitadamente las tierras a las empresas, también a la oposición de la UCR que votaron por unanimidad junto con el PJ el año pasado la ley minera provincial que otorga más beneficios a las empresas, promoviendo ahora la explotación de litio. Mientras niegan la propiedad territorial al pueblo Kolla. Defendemos el derecho a la protesta y repudiamos la persecución judicial a los luchadores indígenas, obreros, sociales.
No podemos confiarnos en los concejales, ya que son de los mismos partidos que apoyan las leyes a favor de las empresas mineras. Por eso para que no veten de nuevo la ordenanza municipal y seguir peleando por una salida de fondo a la contaminación de las empresas mineras que siguen operando en toda la provincia, es necesario preparar una fuerte y amplia organización de las comunidades, el pueblo trabajador y los jóvenes en toda la provincia; una organización desde las bases e independiente de los políticos del PJ y la UCR , una organización capaz de ganar la simpatía y la participación de los trabajadores mineros. Es necesario sacarlos de las manos de los empresarios y dirigentes sindicales, que los extorsionan con mentiras, como que van a perder el trabajo. Son los mineros, por sus conocimientos y el rol central en la actividad minera, quienes pueden elaborar las bases de un plan para desarrollar una minería no destructiva, enfrentando a los empresarios explotadores y responsables de la contaminación.
Hacemos un llamado a las distintas organizaciones sociales, políticas, organismo de DDHH, a la juventud, a rodear de solidaridad la lucha de las comunidades contra los grandes capitales mineros y contra la judicialización de la protesta. Es necesario también que las directivas de los gremios docentes, estatales y privados organicen a las bases para sumar su apoyo activo.
